La Liga Española ejerce, en la actualidad, un control financiero sobre sus clubes y sociedades anónimas dentro del mundo profesional (esto es, pertenecientes a la primera y segunda división), que busca imitar y adaptar el famoso Fair Play financiero que hace un tiempo implantó la FIFA y que se concibió como una especie de límite a los derroches que ciertos clubes estaban realizando, con incierto futuro no solamente para las propias competiciones, sino para sus propias arcas. Algo similar a lo ocurrido en España en el pasado, recuérdense los años 90, cuando la entrada de grandes contratos audiovisuales supuso para muchas entidades una especie de frenesí gastador del que aun no se han recuperado.
Este control se ha manifestado en la redacción de un Reglamento que se ampara y desarrolla parte del articulado e la añeja Ley 10/1990, llamada Ley del Deporte, y en que destaca la creación de organismo de control denominado comité de Control Económico, que viene a velar por el cumplimiento de una serie de normas establecidas por el mismo reglamento.
Uno de los aspectos más interesantes de este control es la exigencia de una total transparencia en las cuentas de los clubes y, sobre todo, de las sociedades anónimas deportivas, algo que viene a corregir anteriores desmanes dentro del fútbol nacional, que contempló durante muchos años como presidentes y juntas directivas parecían hacer y deshacer a su completo antojo.
El tema de las deudas es igualmente regulado en este Reglamento. Así, se establece la obligatoriedad que tienen clubes y SADS de estar cada 31 de diciembre al corriente de los pagos en aspectos como los traspasos de jugadores, los proveedores, los trabajadores de la entidad y las administraciones públicas. La delimitación del concepto “deudas de pago” se convierte así en fundamental, y una interpretación u otra puede marcar el devenir futuro de un club, ya que las sanciones pueden acarrear el descenso de categoría.
Igualmente el Reglamento establece ciertos indicios que, tomados en conjunto y ponderados, pueden ser indicativos de una situación de desequilibrio financiero futuro. En esos casos hablaríamos de una investigación y una instancia a la corrección de esos indicios, en el caso de existir, con el fin de mantener la ficha federativa sin sanción.
Marcos Galera López.
Socio fundador
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